A más de tres años de la quita de la licencia de la ex ENJASA, uno de los operadores designados por el estado, fueron despedidos más del 80 por ciento de los compañeros de la planta con la que funcionaban las principales y más importantes salas provinciales.
La empresa Video Drome a los largo de estos tres años despidió a más de 180 trabajadores nucleados en el gremio, dejando a la deriva y con un futuro incierto a sus familias. Además de echar a otras 50 personas que estaban nucleadas en otros gremios.
Este accionar desmedido y arbitral desplegado por la empresa se ha profundizado en el mes de febrero con el despido de los compañeros delegados de las provincias de Salta y de Jujuy, argumentando e inventando falsas causas, privando a los mismos de sus indemnizaciones correspondientes por ley y obligando a los compañeros a iniciar acciones judiciales.
Desde el Sindicato le preguntamos al gobernador, Juan Manuel Urtubey, dónde quedó el compromiso asumido de mantener las fuentes laborales, que firmara oportunamente este empleador para la explotación de juegos en dicha provincia. Asimismo, de qué forma intervino el Ministerio de Trabajo provincial con tantas denuncias realizadas a un empresario que continuamente ha desnaturalizado la labor de los compañeros hasta despedirlos a casi todos.
En ese sentido, denunciamos los aprietes recibidos y una violencia laboral constante hacia todos los trabajadores, presionándolos a renunciar a su gremio bajo apercibimiento de ser despedidos, inclusive con casos en que se efectivizaron los despidos, como la situación de los compañeros delegados, con el agravio de ser echados como si fueran delincuentes y no trabajadores.
Un dato no menor, es el control del Ente regulador (ENREJA) respecto a este empleador que modifico salas, juegos y horarios entre otros tantos. También nos preguntamos por el respeto de las normas existentes para la apertura de nuevas salas que ya cuentan con habilitaciones municipales y vislumbran un entramado, al menos poco trasparente. Recordemos que Gustavo Sáenz, el candidato que acompañaba como vicepresidente a Sergio Massa y actual intendente de la provincia, repetía la frase “más escuelas menos casinos” y hablamos de salas de juegos que están rodeadas de colegios, basílicas, cajeros automáticos y bancos, que por ley está prohibida su cercanía.
La realidad nos muestra que este empleador, Miguel Caruso, goza de muchas facilidades y afinidades en la provincia de Salta y que son claramente distintas a las que tienen otros operadores, tanto en la explotación de salas como en el apartamiento y abuso de las normas laborales vigentes.
La actividad de juegos, mal vista por muchos, descalificada por otros tantos sin conocimiento; además de ser una de las que más aportes económicos hace al estado, es una de las principales generadoras de empleo formal, elemento que en esta zona del país no abunda.
No nos oponemos a la apertura de salas y más puestos de trabajo, pero siempre en el marco de la ley y del respeto por todos los derechos de los trabajadores salteños, y está de manifiesto que este empleador, en complicidad o no con las autoridades, está muy lejos de cumplir con ello.
